• Presupuesto 2017: solo serán asignados el 3.8% de los fondos correspondientes para la protección de los bosques nativos

    Las principales organizaciones ambientalistas del país, entre las que se cuenta Los Verdes, publicaron hoy una carta conjunta para reclamar por la escasa asignación de presupuesto asignada para 2017 al fondo que prevé la Ley de Bosques. Según el Proyecto de Ley de Presupuesto remitido al Congreso de la Nación por el Poder Ejecutivo. se asigna sólo el 3,8% de los recursos que la ley indica: un monto total de $270.000.000 cuando debería ser de no menos de $7.090.859.612.

    A continuación el texto completo de la carta:

    Las organizaciones y referentes abajo firmantes solicitamos la revisión y reconfiguración presupuestaria del artículo 16 del Proyecto de Ley Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal del Año 2017 (Expte. 0016-JGM-2016) que asigna sólo el 3,8% de los recursos necesarios para dar cumplimiento al Fondo previsto por la Ley de Bosques (Presupuestos Mínimos para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos Nro. 26.331)

    Se trata de la peor asignación presupuestaria para los bosques nativos desde que se conformó el Fondo referido en el año 2010.

    La propuesta remitida por el Poder Ejecutivo a la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Nación, le asigna al Fondo de la Ley de Bosques $270.000.000 cuando debería dotarlo con no menos de $7.090.859.612.

     La Ley de Bosques cumple en 2017 diez años y su marcada desfinanciación supone una  situación de extrema gravedad que atenta contra el principio de progresividad consagrado en la Ley General del Ambiente según el cual el Estado debe comprometer, conforme pasa el tiempo, cada vez más recursos para los asuntos ambientales.

    Es responsabilidad del Congreso de la Nación aprobar un Presupuesto 2017 que  dote al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación –autoridad de aplicación nacional de la Ley de Bosques- y a  las provincias –receptoras de los fondos-, de los recursos económicos imprescindibles para conservar y restaurar los servicios ambientales que los ecosistemas boscosos proveen, siendo que nuestro país sólo conserva menos del 30% de sus bosques originarios.

     Sin dejar de reconocer que existe en Argentina una variedad de problemáticas sociales que necesitan ser abordadas por el Presupuesto 2017, es nuestro deber, como organizaciones y referentes ambientales  exigir que las urgencias ambientales de nuestro país reciban también el debido tratamiento presupuestario a fin de asegurar la supervivencia de nuestros ecosistemas, de cuyos servicios ambientales se benefician los  más de cuarenta millones de argentinos.

     Así,  pedimos al Gobierno Nacional que asuma el compromiso de elevar hasta un piso del 25% los fondos para la Ley de Bosques en 2017. Esto implica pasar de los actuales $270.000.000 a $1.800.000.000 para, progresivamente, constituir en un 100% el Fondo antes del año 2020.

     

    Adhieren:

    Aclimatando – Amartya – Aves Argentinas – Banco de Bosques-  Ecositio – Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) – Fundación Azara – Fundación Biodiversidad – Fundación Hábitat y Desarrollo – Fundación Naturaleza para el Futuro – Fundación Temaikén – Fundación Vida Silvestre Argentina  – Greenpeace – GUANO – Instituto Jane Goodall – Los Verdes- Movimiento Agua y Juventud – Taller de Comunicación Ambiental – Taller Ecologista – Claudio Bertonatti – Flavia Broffoni –

     

    Para descargar pdf:    Carta de las ONGs por mayor presupuesto para los bosques

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  • Contra el cambio climático, una economía sin carbono

    Clarín- Juan Carlos Villalonga Diputado Nacional Cambiemos

    Muchos aspectos fueron centrales en el Acuerdo Climático que convocó a los líderes del mundo en París el año pasado.

    Quizá uno de los mayores es el claro reconocimiento a lo que advierte la ciencia: mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2 ºC con respecto a los niveles preindustriales, y aumentar los esfuerzos para limitar ese aumento a 1,5 ºC, es esencial para que los innumerables impactos del cambio climático sean “tolerables” y no impliquen fenómenos disruptivos de manera generalizada en los ecosistemas del planeta.

    Esto indica que debemos comenzar ya mismo con la reducción de emisiones para llegar al pico máximo no mucho más allá de 2020 y caer a cero finalmente en 2050.

    Para eso muchas cosas deben ocurrir desde ahora mismo en diversos sectores de la economía.

    Por ejemplo, para el año 2050, toda la electricidad que consumamos debe ser cero emisiones y sólo sería posible un uso marginal de fósiles en el transporte. Así, todo nuevo proyecto de centrales térmicas o desarrollo de nuevos yacimientos deberá tener en cuenta este límite.

    En estos días el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) publicó “Carbono Cero América Latina”, una vía para la descarbonización neta de la economía de la región para mediados de este siglo.

    Allí el PNUMA señala tres pilares fundamentales con respecto al sistema eléctrico: a partir del 2020 toda nueva demanda es satisfecha por renovables y capacidad hidroeléctrica; la redes eléctricas se regionalizan y la generación distribuida se masifica.

    Tales transformaciones se logran con cambios regulatorios, redirigiendo subsidios, sin tener que pagar mayores costos y con una rápida implementación.

    Los países de la región que iniciaron este camino muestran resultados y hacen totalmente creíble un escenario de cero emisiones a mediados de este siglo. Lo esperable es que Argentina despierte y comience a recorrer ese camino. Es parte de la tarea que debemos asumir para transitar de manera responsable las próximas décadas en un contexto de rápidos y profundos cambios a escala global.

  • Audiencia Pública por instalación de planta que procesa material para la industria nuclear en Formosa

    Formosa, 15 de julio de 2014.  Los Verdes reclamaron hoy el cierre definitivo de la empresa procesamiento de combustible de dióxido de uranio para centrales atómicas, Dioxitek, y pidieron al gobierno de Formosa que no acepte su traslado a la provincia. Fue en el ámbito de la Audiencia Pública convocada por la Subsecretaria de Recursos Naturales, Ordenamiento y Calidad Ambiental de la provincia que, por medio de la  Resolución 620, convocó a la audiencia pública que se desarrolló en el galpón G del paseo costanero.

    La empresa estatal, en manos de la Comisión de Energía Atómica (CNEA), que debe cerrar su planta en la Ciudad de Córdoba, ha buscado sin éxito un nuevo lugar de emplazamiento. El rechazo se debe al no cumplimiento de normas legales anti nucleares locales y por la oposición de la población en muchas jurisdicciones. Sin embargo, meses atrás y gracias a la intervención del Ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, Dioxitek consiguió el guiño de las autoridades formoseñas para asentarse en la capital de la provincia.

    En este contexto, Los Verdes reclamaron que Formosa no acepte el traslado de la planta, y que la Ciudad de Córdoba, junto con la CNEA, establezca un plan para el cierre definitivo de la empresa.

    “Queremos manifestar nuestro rechazo a la instalación de Dioxitek en Formosa, como también de cualquier otro tipo de emprendimiento nuclear. Dioxitek no es una cuestión aislada, sino que implica todo el ciclo del uranio, desde su extracción por medio de minería a cielo abierto, hasta su utilización para producir energía en las centrales nucleares. Es por esto, que la solución viene de la mano del abandono de la utilización de este tipo de energía que es altamente costosa, en términos económicos y ambientales”, señaló Gretel Schaj de Los Verdes Córdoba.

    En el predio de Dioxitek, en plena capital cordobesa, hay 35 mil metros cúbicos de residuos radiactivos (el conocido “chichón”) que equivalen a 56 mil toneladas. En septiembre de 2012 La Municipalidad de Córdoba clausuró las instalaciones de la empresa por violar la ordenanza de uso de suelo, por no tener habilitación para funcionar y por operar “violando normas de higiene y seguridad.

    El movimiento antinuclear se está reactivando en el país, puede verse en La Rioja en contra de la instalación de la minería de uranio, en Formosa con el rechazo a Dioxitek y en Córdoba con la movilización para el cierre definitivo de la central de Embalse. Hechos que demuestran el rechazo social existente a todo el ciclo nuclear.

    Para ver la presentación de Los Verdes en la Audiencia Pública hacer click aquí: Dioxitek Audiencia Publica

  • Participá del concurso de diseño web de remeras contra el Dakar. Entrá al sitio y armá la tuya

    La ciudad de Rosario ha sido elegida como punto de partida de la sexta edición sudamericana del Rally Dakar 2014. Una carrera que genera impactos irreversibles. La Municipalidad de Rosario lanzó un concurso de remeras para darle la bienvenida a esta retrógada actividad deportiva. Ahora Los Verdes lanzamos el nuestro:  entrá acá http://www.bastaderallydakar.org/ y diseñá la tuya.

    El Dakar recorrerá también las provincias de Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, , San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Jujuy y Salta, antes de cruzar hacia Bolivia.  A su paso contamina, destruye la naturaleza, el patrimonio paisajístico, arqueológico y cultural de los lugares que atraviesa.

    Sacale la careta al Dakar: sumate y decile vos también que NO.

    El diseño ganador recibirá su remera impresa.

  • La Legislatura traba el proyecto de Iniciativa Popular para declarar a Córdoba "No Nuclear"

    Córdoba. Lunes 4 de noviembre de 2013. La coalición «Córdoba No Nuclear» denunció hoy que ya se vencieron los 60 días de plazo establecidos por la Ley  de Iniciativa Popular para que presidente de la legislatura local gire el proyecto de desnuclearización de la provincia a las comisiones correspondientes. Los impulsores de la iniciativa reclamaron por las trabas a las que está siendo sometido el proyecto, ya que presentaron las 25.000 firmas necesarias para que se aplique la ley 7811 que obliga a los legisladores a tratarlo.

    Ahora, para dilatar aún más los tiempos, los legisladores piden a las organizaciones la certificación de las firmas a un costo de 3 millones de pesos.

    «Nos están pidiendo que certifiquemos las firmas a un costo imposible, un requisito que es prácticamente prohibitivo no sólo para las ONG sino también para cualquier iniciativa ciudadana. Lo que entendemos es que, además, este pedido es sólo una excusa, una traba para que el proyecto por una Córdoba No Nuclear no sea tratado«, dijo Mauro Fernández, de Greenpeace.

    Las organizaciones que realizaron una campaña masiva para obtener el 0,8 % del padrón electoral como aval del proyecto de ley de desnuclearización de la provincia, reclaman que las firmas sean validadas por la Justicia Electoral.

    «Con las firmas entregadas hemos superado ampliamente la cantidad exigida por la Ley 7811. Como organizaciones de la sociedad civil demandamos que las firmas sean validadas por la Justicia Electoral, como lo hacen los partidos políticos con la certificación de sus adhesiones y afiliaciones. Es un disparate demandarnos esa cantidad de dinero«, señaló Juan Carlos Villalonga, presidente de la Junta Directiva de Los Verdes.

    Hoy, a modo de reclamo, presentaron cinco mil firmas adicionales para demostrar el interés de los cordobeses en el tratamiento de la Ley. Además se presentó también una carta en la que se denuncia la demora. (1)

    La ley 7811 regula los mecanismos de participación en la provincia y establece que los ciudadanos pueden proponer proyectos siempre que los suscriba un número de electores superior al 0,8% del padrón. Luego que el proyecto sea girado a comisión, la legislatura tendrá 120 días para tratarlo.

    Por su parte, Germán Emanuele, representante de la ONG Poder Ciudadano, consideró que «la obligación de certificación, mediante escribano público, de las firmas presentadas, va en contra del espíritu propio que tiene la Iniciativa Popular regulada tanto en la Constitución local como en la nacional. Imponer un requisito tan restrictivo viola categóricamente esta herramienta de democracia semidirecta y convierte a la Iniciativa Popular en un derecho muerto, que no puede ser ejercido por un ciudadano, que es el titular ese derecho».

    La campaña es impulsada por la coalición Córdoba No Nuclear, integrada por CEDHA, Eco-Sitio, Fundación Hölderin, FUNDEPS, Greenpeace, Los Verdes y Fundación TierraVida y busca prohibir en el territorio de la provincia la generación nucleoeléctrica, la construcción de repositorios nucleares, el transporte de material radiactivo y la extracción de minerales nucleares a partir del 1 de enero de 2014.

    NOTAS

               

                (1) Carta presentada a la presidencia de la Legislatura:Córdoba Carta 2013 11 04 (1)