• MARCELA AMAYA

    Verdes o pobres

    EN UN MUNDO DONDE SE ACELERA LA AGENDA CLIMÁTICA, EL GOBIERNO COMPROMETIÓ AL PAÍS A UNA META DE EMISIONES AMBICIOSA Y EXIGENTE, PERO IMPOSIBLE DE CUMPLIR CON NUESTRO MODELO PRODUCTIVO ACTUAL.

    Por CALI VILLALONGA*

    7 de marzo de 2021

    El triunfo de Joe Biden en las elecciones de Estados Unidos, en noviembre pasado, aceleró la agenda climática global, que se había empantanado o desacelerado durante la presidencia de Donald Trump. Este cambio tendrá enormes repercusiones en todo el mundo pero también en la Argentina, que en diciembre actualizó sus metas ante el Acuerdo de París y se comprometió a mantener de acá a 2030 sus emisiones de gases invernadero. El problema de esta saludable ambición ambiental, sin embargo, son sus consecuencias económicas. Con nuestro modelo productivo actual, basado en los combustibles fósiles y sin desarrollo de las energías renovables (frenado desde hace un año), no hay manera de que la economía crezca y se puedan alcanzar esos objetivos, que son de cumplimiento obligatorio. Si las cosas siguen como están, pueden pasar dos cosas: o la economía sigue estancada y cumplimos nuestros compromisos sobre emisiones, o la economía crece e incumplimos nuestra promesa con el mundo. Para cambiar esta situación hacen falta una planificación y una priorización sobre las cuales el gobierno de Alberto Fernández –que el lunes no mencionó este tema en su discurso de apertura de sesiones– no está dando ninguna señal.

    Joe Biden empezó a desandar la agenda climática de Trump ya desde su primer día como presidente, con el decreto que regresó a Estados Unidos al Acuerdo de París y poniendo a la cuestión ambiental al tope de su agenda internacional. Además, nombró en posiciones clave de su equipo diplomático a figuras destacadas de la gestión Obama, como John Kerry, que oficiará de delegado presidencial en las negociaciones climáticas. La diplomacia de Obama había sido fundamental para llegar en 2015 al Acuerdo de París y alcanzar acuerdos históricos con China. Ambos países contaban con innumerables antecedentes obstruccionistas en materia climática. Por lo tanto, es muy probable que este año veamos un alineamiento entre la Unión Europea, China y los Estados Unidos para promover el despliegue de tecnologías limpias. El año pasado la Unión Europea logró una proeza: que Xi Jinping comprometa a China a la neutralidad de emisiones para 2060. Estados Unidos y Europa adoptaron esa meta para 2050, pero seguramente con la nueva situación política los tiempos se acelerarán.

    Para cambiar esta situación hacen falta una planificación y una priorización sobre las cuales el gobierno de Alberto Fernández no está dando ninguna señal.

    ¿Cuál es la importancia de todo esto? ¿Qué es lo que está en juego en la lucha contra el cambio climático? ¿Por qué son tan importantes las decisiones que está tomando la Argentina en estos meses? Para empezar, recordemos que el Acuerdo de París es el segundo instrumento de Naciones Unidas (el primero fue el Protocolo de Kioto, de 1997), que busca que todos los países disminuyan progresivamente sus emisiones de gases de efecto invernadero. Para que tengamos chances de evitar un colapso generalizado de los ecosistemas, lo que trastocaría dramáticamente la economía global, la temperatura promedio de la Tierra no debe superar en 2°C respecto de su nivel preindustrial, dice el acuerdo, basado en la evidencia científica.

    Además tiene dimensión política global, ya que enfrentar este desafío implica reducir drásticamente las emisiones generadas por la actividad humana, cuyo componente principal es el dióxido de carbono que se produce cuando quemamos hidrocarburos (gas, petróleo, carbón). En concreto, lo que marca el acuerdo es que debemos abandonar los combustibles fósiles en menos de 30 años y cambiar el sistema industrial basado en ellos. Estamos entonces ante una transición tecnológica de enormes implicancias sociales, económicas y geopolíticas que no ha ocurrido nunca antes en tan corto plazo. 

    La novedad del Acuerdo de París es que determina un objetivo climático (los 2°C como límite) pero establece una lógica de negociación permanente para que la comunidad internacional vaya acordando acciones para alcanzar ese objetivo. La historia es larga, pero a diferencia del Protocolo de Kioto, que intentó decirle a cada país lo que tenía que hacer, el Acuerdo de París permite a cada país establecer su propio nivel de ambición.

    METAS ARGENTINAS

    La Argentina presentó su primera meta de reducción de emisiones en 2015, durante el gobierno de Cristina Kirchner, como un ensayo inicial antes del Acuerdo de París. Esa primera meta establecía un aumento de las emisiones del 60% entre 2015 y 2030, una meta muy poco ambiciosa que fue corregida en 2016, ya en el gobierno de Mauricio Macri (después de la firma del Acuerdo de París) a un aumento del 33% en el mismo período. Macri además comprometió a la Argentina a adoptar el objetivo de neutralidad de emisiones para 2050.

    En 2020 estaba prevista una nueva ronda de negociaciones y actualizaciones de las contribuciones nacionales, y estaba claro que la Argentina tenía que volver a aumentar la ambición de su meta, para no quedar fuera de tono con el mundo y con nuestros socios regionales. Pero la incertidumbre sobre el resultado electoral en Estados Unidos demoró las respuestas de varios países, porque la continuidad de Trump habría significado avances moderados y claramente insuficientes. El triunfo de Biden, en cambio, ya está acelerando la política climática global y una saludable tendencia a mayores ambiciones en las metas de todos los países.

    La nueva meta es más ambiciosa que las de 2015 y 2016, porque prevé que la Argentina no aumentará sus emisiones de gases de efecto invernadero de acá a 2030.

    Estas especulaciones seguramente estuvieron presentes durante el año pasado en la evaluación que realizó el Gobierno para adoptar una definición con respeto a la nueva meta de emisiones para Argentina, que finalmente se dio a conocer en diciembre pasado. La nueva meta es más ambiciosa que las de 2015 y 2016, porque prevé que la Argentina no aumentará sus emisiones de gases de efecto invernadero de acá a 2030. Esta nueva contribución formaliza, además, el compromiso de neutralidad de emisiones a 2050 anunciado por Macri. 

    Aunque saludable en su ambición climática, esta nueva meta tiene implicancias muy importantes para el desarrollo de la Argentina en los próximos años. Si el país se comprometió a no emitir más gases de los que está emitiendo ahora, eso quiere decir que todo el crecimiento de la próxima década deberá ser “verde”. Pero nuestra matriz productiva no está preparada para un cambio tan rápido. Con nuestro modelo productivo actual, muy dependiente del gas y el petróleo, cualquier crecimiento de la economía implicará un aumento de nuestra emisión de gases.

    UN COMPROMISO DIFÍCIL DE CUMPLIR

    Recordemos que esta contribución nacional (o NDC, por Nationally Determined Contributions) es un compromiso legalmente vinculante y que deberá ser cumplido por el actual y los próximos gobiernos. Incumplirlo sería un papelón diplomático internacional, con repercusiones que excederían por mucho lo estrictamente climático. Pero para que el crecimiento económico de los próximos años sea neutro, todo aumento de emisiones en un sector de la economía deberá ser compensado, casi de manera inmediata, por reducciones en otro sector. En el sector de la energía, por ejemplo, si se pone en marcha la usina de carbón de Río Turbio habrá que cerrar luego plantas térmicas de electricidad que compensen esas nuevas emisiones. Y, además, incorporar nueva generación renovable para compensar el retiro de capacidad de la generación térmica. En cualquier caso, una ecuación muy cara.

    Si queremos gastar menos dinero y cumplir con la meta de emisiones estables, toda nueva incorporación de generación eléctrica deberá ser renovable o de cero emisiones. En un escenario de crecimiento moderado, el país necesitará incorporar anualmente entre uno y dos gigawatts de potencia eléctrica. Es un desafío de enorme magnitud, que por sus compromisos debería ser el eje principal de la política productiva del Gobierno.

    Sin embargo, no se ven señales de que el Gobierno tenga ni siquiera una planificación básica al respecto.

    Sin embargo, no se ven señales de que el Gobierno tenga ni siquiera una planificación básica al respecto. La presentación de la NDC argentina carece por completo de una hoja de ruta o de parámetros que den cuenta de cómo se cumplirá este compromiso asumido internacionalmente. Las indicaciones no llegan a precisar ni políticas, ni medidas ni instrumentos.

    Un aspecto particularmente preocupante es que, a pesar de los fuertes condicionantes que significa esta meta para la economía y el desarrollo, no haya instancias de validación entre los diferentes actores políticos (oposición, bloques parlamentarios, sociedad civil). La NDC va camino a convertirse en un factor mucho más determinante para nuestra economía del que hoy tienen el Fondo Monetario Internacional, la deuda externa o el precio de la soja. Pero nos comportamos como si no la tuviera.

    BOSQUES Y ENERGÍA

    La meta a 2030 de la nueva NDC solo será cumplible con aportes significativos de dos sectores clave: bosques (reduciendo la deforestación) y energía (limitando el crecimiento de sus emisiones). Existen numerosos beneficios que justifican frenar la deforestación de manera urgente. Permitiría una reducción rápida de emisiones a muy bajo costo y permitiría compensar a sectores para los cuales mitigar emisiones es más lento y costoso.

    El sector energético tendrá que basar su crecimiento centralmente en energías renovables, cuyo desarrollo tomó un gran impulso entre 2015 y 2019 pero que hoy, por diversos factores, está estancado. Además, se deberán definir de forma muy cuidadosa las inversiones en infraestructura (electricidad y gas) teniendo en mente el escenario de descarbonización total en 2050. Todo el desarrollo del gas natural deberá pensarse atendiendo su estrecha ventana de oportunidad, ya que existe el serio riesgo de realizar inversiones irrecuperables. Y el desarrollo de Vaca Muerta deberá ajustarse a estos tiempos, es decir, diseñarse para abastecer una demanda interna y externa que debería empezar a declinar.

    En este contexto, resulta extremadamente incoherente la meta presentada por el Gobierno con la ausencia de un programa de energías renovables. En la gestión de Cambiemos el sector renovable estuvo por primera vez en alta prioridad en la política energética. El desarrollo del programa RenovAr multiplicó la participación de las renovables en el mercado eléctrico del 2% al 12% del consumo. Se hicieron inversiones por unos 5.000 millones de dólares, se crearon 9.000 empleos y se promovió la generación de una serie de proveedores locales para la construcción de torres eólicas, estructuras para parques solares y dos fabricantes de turbinas. Todo eso está ahora discontinuado y sin ninguna política de reactivación.

    En este contexto, resulta extremadamente incoherente la meta presentada por el Gobierno con la ausencia de un programa de energías renovables.

    En esta discusión no se puede soslayar que Argentina atraviesa severas dificultades económicas y financieras, que no se resolverán en el corto plazo. Pero además existen serios problemas conceptuales en el actual gobierno que se reflejan en medidas como el congelamiento de tarifas, una incertidumbre regulatoria permanente y en un bajísimo aliento a las inversiones. Todo estos elementos son verdaderas barreras para la transición energética, que requiere innovación e inversión. 

    Más allá de los bosques y la energía, el desafío más severo que enfrentaremos será preparar a la sociedad y a la economía argentina para la transición rápida hacia la neutralidad de carbono. Se trata no solo de un desafío tecnológico, sino también social y económico. Tendrá sus particularidades y dificultades en cada una de las regiones del país. Provincias petroleras como Neuquén, Chubut y Santa Cruz deberán protagonizar una transición económica sin precedentes. Nadie está imaginando cómo se hará eso.

    El compromiso de reducción de emisiones que adoptó la Argentina nos coloca en el camino correcto de la transición hacia una economía de cero emisiones. Sin embargo, hay un abismo entre la ambición planteada en la NDC y la política doméstica necesaria para cumplirla. Tenemos por delante una agenda de descarbonización a desarrollar en base a energías renovables, bio-insumos, hidrógeno, redes inteligentes, movilidad eléctrica, integración energética regional y otras tantas posibilidades. Necesitamos generar en torno a ese programa de descarbonización un consenso político de alto nivel. Por su magnitud y velocidad, por sus impactos territoriales y económicos, se trata sin duda del programa de desarrollo más desafiante que tenemos por delante.

    • Nota publicada en Revista Seúl el 7 de marzo de 2021. La imagen es de Marcela Amaya.
  • Ley de humedales: qué tiene que incluir para que sea efectiva

    5 de agosto 2020 – Comenzó en la Cámara de Diputados el debate de una Ley de protección de los humedales. Elba Stancich miembro de Los Verdes, y especialista en el tema, fue una de las expositoras.

    La Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano de la Cámara de Diputados realizó una reunión informativa para empezar con el tratamiento de cinco proyectos de Ley que apuntan a crear la postergada norma para la proteccion de los humedales de nuestro país

    Elba Stancich, asesora del Círculo de Politicas Ambientales y miembro de Los Verdes fue una de las oradoras, invitada por la Diputada Brenda Austin (UCR/Juntos por el Cambio).

    Elba Stancich ayer en Diputados

    En su exposición remarcó 5 puntos críticos que debiera contener la Ley para que resulte realmente efectiva. Aquí una síntesis de cuáles son:

    1) Definición de humedales

    Este es un aspecto muy importante porque va a incidir en el inventario, y no debe dejar lugar a ambigüedades. Por lo que es sensato adoptar la definición que fue consensuada para realizar el Inventario Nacional de Humedales y fue adoptada por las provincias a través del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) (Resolución 329 de 2016). 

    2) Inventario Nacional de Humedales

    Es un instrumento técnico que se debe definir por un acuerdo científico y ser comandado por la Autoridad Nacional de Aplicación, para que sea realmente de presupuestos mínimos. 

    Se debe procurar acelerar los tiempos de inventario, por eso es importante que la Autoridad Nacional de Aplicación pueda establecer zonas prioritarias y que se incluya presupuesto para su elaboración. 

    3) Ordenamiento Territorial

    Es lo medular de la ley y es un instrumento de política y gestión ambiental tal como lo expresa nuestra Ley General de Ambiente. Debe ser participativo y aprobado por Ley, de manera que también sea debatido por las fuerzas políticas con representación en las Legislaturas  provinciales. La ley debe establecer los criterios de sostenibilidad ambiental para realizar el ordenamiento y definir sus categorias de conservación y uso. 

    4) Moratoria

    La ley tiene que tener moratoria de actividades nuevas.  Mientras se realiza el inventario y el ordenamiento es necesaria la moratoria para que no se vaya modificando lo que se está ordenando. Y también es una manera de agilizar los procesos de ordenamiento en cada jurisdicción.

    5) Fondos

    Tiene que estar claro en la ley cuáles son las condiciones para acceder a los fondos que permitan compensaciones a las jurisdicciones y con qué criterios se destinan esos fondos. Para ello la ley tiene que tener como condición necesaria que las jurisdicciones acceden a los fondos una vez que el Ordenamiento esté aprobado por Ley.

    Para finalizar, Stancich expresó que “esta ley no es una ley anti producción, si no una ley que debe establecer reglas claras de qué se puede y qué no se puede hacer en los humedales. Las actividades que actualmente se desarrollan en los humedales se van a poder seguir haciendo, pero seguramente varias tendrán que adecuarse a las condiciones que establezca el ordenamiento, cuyo objetivo es que se puedan seguir realizando en tanto que aseguren el mantenimiento de la integridad ecológica de estos ecosistemas y de sus servicios”.

    Notas:

    (1) Ver comparativo de los proyectos de Ley elaborado por el Círculo de Políticas Ambientales

    Aquí la exposición completa de Elba.

  • ¿QUÉ HICIMOS ESTE AÑO? AQUÍ NUESTRO RESUMEN

    27 de diciembre de 2018 – 2018 fue un año de trabajo con foco puesto en ejes que Los Verdes consideramos de importancia clave: la gestión del cambio climático, acelerar la transición energética, el apoyo a la campaña de despenalización del aborto y el acompañamiento a la gestión de nuestro diputado verde Juan Carlos Villalonga.

    .TRANSICION ENERGÉTICA

    Desde el mes de junio Los Verdes participamos de la iniciativaHacia una Visión Compartida de la Transición Energética Argentina al 2050 un proceso de diálogo multisectorial que busca promover acuerdos sobre la transición del sector energético argentino. La plataforma de la que participan ONGs; organismos públicos; cámaras empresariales y organismos multilaterales es un ejercicio participativo convocado por el ex Ministerio de Energía y Minería, hoy Secretaría de Energía, cuyo documento final será tomado como insumo para formular la planificación estratégica de la política energética de nuestro país.

    Por otra parte, presentamos también por tercera vez nuestro trabajo en la Plataforma Escenarios Energéticos Argentina 2040 con nuestra visión para los próximos veinte años en materia energética. Así como ocurrió en 2011 y 2015 dimos a conocer un documento cuya premisa principal es el alineamiento con los objetivos climáticos que emergen del Acuerdo de París, enmarcado en un proceso de descarbonización de la economía global hacia el año 2050. Argentina deberá abandonar los combustibles fósiles para mediados de este siglo y es el sector energético el que debe realizar el mayor esfuerzo sin demoras.

     

     

    CAMPAÑA POR LA DESPENALIZACIÓN DEL ABORTO

    2018 fue un año decisivo para el debate sobre la legalización del aborto en nuestro país. En el mes de junio se logró media sanción para el proyecto de interrupción voluntaria del embarazo en la Cámara de Diputados que luego fue rechazado por el Senado en agosto.

    Nuestro diputado Juan Carlos Villalonga tuvo una activa participación en la campaña por el Aborto Legal Seguro y Gratuito que Los Verdes hemos apoyado o como posición programática desde nuestra fundación. 

    Intervención del Diputado Vilallonga en la sesión de Diputados en la que se dio media sanción al proyecto IVE.

    En el documento Nuestra Visión que escribimos 2012 Los Verdes ya nos expresamos acerca del tema en el siguiente párrafo  (en el documento en página 16, apartado Derechos de Género):

    “Entendemos y respetamos a quienes por una cuestión de conciencia no están de acuerdo con la interrupción del embarazo, pero consideramos necesaria la despenalización del aborto y por una razón de salud pública que esta práctica sea legal, segura y gratuita. En concordancia con lo que establece la Ley 25.673 Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, se debe promover en la población el nivel más elevado de salud sexual y procreación responsable con el fin de que las parejas, y en especial la mujer, puedan adoptar decisiones libres de discriminación, coacciones o violencia, garantizando a toda la población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable.”

    También participamos de las concentraciones públicas, organizamos reuniones internas para debatir el tema y promovimos la campaña en las redes y los medios.

    EN EL CONGRESO: GENERACIÓN DISTRIBUIDA y EFICIENCIA ENERGÉTICA

    En noviembre se  reglamentó la Ley de Generación Distribuida (Ley 27.424)   impulsada por el diputado Villalonga y aprobada el año pasado. La norma permite a los usuarios generar su propia energía obtenida de equipos de energías renovables de baja potencia, e inyectar el excedente producido a la red de distribución y la reglamentación pone en vigencia el régimen. El paso clave es asegurar la adhesión de la mayor parte de las provincias al marco nacional en todo el territorio. Las provincias de Tucumán, Mendoza, San Juan, Córdoba y Tierra del Fuego ya lo hicieron.

    Finalmente como otro de los hitos a destacar, este mes de diciembre el Senado convirtió en ley el proyecto que prohíbe la importación y comercialización de lámparas halógenas y fomenta el uso de tecnología LED. Se trata de una iniciativa también de nuestro diputado que es una modificación a la ley 26.473 que prohibió a partir de 2010  la importación y comercialización de lámparas incandescentes. La nueva norma deja fuera del mercado la tecnología más deficiente en materia de consumo energético. Un dispositivo LED tiene una vida útil ocho veces mayor que una halógena y un consumo seis veces menor.

     

     

     

     

     

     

     

     

    SIETE AÑOS DE LOS VERDES

    En 2018 cumplimos siete años desde la creación de Los Verdes y se creó Juventud Ecologista Argentina, el grupo de jóvenes de Los Verdes con representación internacional en el movimiento Global Young Greens.

    En CABA contamos con un grupo de trabajo que se reúne periódicamente y en la ciudad de Rosario participamos apoyando el trabajo de Cambiemos en la ciudad principalmente a través de nuestro referente en el Concejo Municipal Gonzalo Gorostarzu. En otras ciudades del país también tenemos miembros de Los Verdes gestionando políticas públicas locales que hacen la diferencia.

     

    Siete años con Los Verdes construyendo un movimiento ecologista político en Argentina. Los desafíos del presente están sólo en nuestras manos, la responsabilidad no es de otros. De lo que hagamos con ello depende el futuro.

    Seguimos trabajando.

    Buen 2019

     

     

     

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  • DESPENALIZACION DEL ABORTO: UN DEBATE QUE DEBE SALIR DE LAS SOMBRAS

    2 de marzo 2018 – Ayer el portal de noticias argentino Infobae, publicó una columna de opinión del Diputado Nacional y vocero de Los Verdes Juan Carlos Villalonga sobre la despenalización del aborto interrupción voluntaria del embarazo, un tema que las organizaciones del tercer sector han instalado en Argentina y sobre el que el Presidente de la Nación, Mauricio Macri, dio luz verde para que se debata en el Congreso.

    Compartimos a continuación la nota de Villalonga con el fin de echar luz sobre un debate postergado, que la sociedad argentina ya está madura para dar.

     

    Un debate difícil que debe salir de las sombras

    Por Juan Carlos Villalonga, Diputado Nacional Cambiemos

    La despenalización del aborto, o interrupción voluntaria del embarazo,es uno de esos debates pendientes que son bien difíciles y complejos, pero que resultan imposibles de postergar u ocultar por más tiempo. Si queremos vivir en una sociedad abierta y plural, este tema no puede ser un tabú político. Karl Popper contrapuso las sociedades cerradas y abiertas de la manera siguiente: “seguiremos llamando sociedad cerrada a la sociedad mágica, tribal colectivista, y sociedad abierta a aquella en la que los individuos deben adoptar decisiones personales”. Una sociedad abierta designa no tanto una forma de Estado o de gobierno, sino un tipo de convivencia humana, donde la libertad de los individuos constituye uno de los valores primordiales.

    En este sentido, no sólo me parece inteligente la decisión política de dar espacio al debate, considero que es todo un síntoma de crecimiento y madurez social. Más allá de la opinión que cada uno de nosotros pueda tener, la apertura y la tolerancia es lo que nos hará mejores y permitirá crecer en todo sentido.

    Ahora bien, es esencial dimensionar y comprender la lógica del problema que enfrentamos para poder abordarlo de una manera razonable.En este sentido, es oportuno hacer referencia al estudio publicado el año pasado por la prestigiosa revista de medicina The Lancet, que presenta un exhaustivo análisis de las estadísticas a escala global. De allí surge una cifra impactante: el 25 por ciento de los embarazos son abortados, es decir, uno de cada cuatro. Ese valor se eleva al 34 por ciento en nuestra región, Sudamérica. Con sólo este dato queda claro que soslayar o postergar esta discusión es de una gigantesca irresponsabilidad.

    Según el estudio mencionado, en el año 2014 se practicaronunos 56 millones de abortos a nivel mundial, de los cuales 50 millones se realizaron en países en vías de desarrollo, en los que mayoritariamente el aborto está penalizado por la ley.

    Las cifras son más contundentes cuando uno observa la evolución reciente: en el mundo desarrollado la cantidad anual de abortos realizados se redujo en 5 millones respecto de los niveles de 1990. En ese mismo período, en los países en desarrollo aumentaron en 11 millones.

    Atendiendo al aumento poblacionales necesario traducir esas cifras en términos proporcionales. De acuerdo al informe de TheLancet,la tasa de abortos (cantidad de casos por cada 1000 mujeres de 15-44 años) disminuyó notablemente en el mundo desarrollado, mientras que se mantuvo estable en los países en desarrollo. En el que solemos denominar “primer mundo” se pasó de una tasa de 46 a 27 entre 1990 a 2014, en tanto que en el mundo en desarrollo se mantuvo casi estable, de 39 a 37.

    Cuando se analizan las tasas en función de la penalización o no de la interrupción voluntaria del embarazo, los datos son esclarecedores. En aquellos países donde el aborto está totalmente prohibido o sólo se permite para salvar la vida de la mujer, la tasa es de 37 (por 1000 mujeres de 15-44 años de edad). En países en el que el aborto es accesible a demanda, esa tasa es de 34.

    Como puede verse, no existe correlación entre marcos legales prohibitivos y una disminución de las interrupciones voluntarias de embarazos. Con lo cual, uno de los grandestemores que surgen a la hora de despenalizar la interrupción del embarazo queda neutralizado. Por el contrario, estas cifras nos deben alentar a legislar de modo tal que mejoremos las condiciones de seguridad en las que se realizan hoy estas intervenciones, evitando su clandestinidad y mejorando su accesibilidad para garantizar así la salud física y mental de miles de mujeres.  

    Aún con las dificultades de no contar con estadísticas muy certeras, diferentes fuentes coinciden en que llegarían a 500.000 las interrupciones de embarazos anuales en nuestro país. Esto nos indica la magnitud del problema que enfrentamos localmente, que guarda una relación bastante similar a lo que ocurre a nivel global y regional. Nuevamente, la prohibición o la penalización del aborto no han servido aquí tampoco para frenar su práctica; en cambio, lo que realmente provoca es una intervención de alto riesgo y con profundas disparidades en su calidad acorde a la capacidad socioeconómica de quienes necesiten acceder a ella. 

    Ante las cifras mencionadas, me resulta bastante obvio que el abordaje penal dado hasta ahora ha resultado en un gran fracaso que conlleva un serio riesgo para la salud de una enorme cantidad de mujeres. Es imprescindible que nuestro país revise su normativa en esta materia para encuadrarla en una política sanitaria acorde a las recomendaciones que la Organización Mundial de la Salud (OMS) realiza, alentando a los gobiernos a que eliminen las barreras regulatorias que hoy impiden el acceso a la atención sanitaria para un aborto sin riesgos y su prestación oportuna.Si logramos sacar de las sombras esta realidad, reconocerla en su verdadera dimensión, estaremos en condiciones de brindar una respuesta que esté a la altura del reclamo y del dolor de tantas mujeres y familias argentinas.

    Artículo citado de The Lancet: Abortion incidence between 1990 and 2014: global, regional, and subregional levels and trends

    Link a la publicación en Infobae

  • JORNADA SOBRE ECONOMIA CIRCULAR Y OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE 2030

    11 de noviembre 2017 – Mucho interés del público despertó la presentación del programa de Economía Circular de la Fundación Ellen MacArthur que se realizó hoy en la Cámara de Diputados  junto con la oficina para el Cono Sur de ONU Medio Ambiente y la red mundial de parlamentarios Globe International.

    Organizada por el equipo del diputado nacional y vocero de Los Verdes Juan Carlos Villalonga – que también es presidente del capítulo argentino de GLOBE –  la Jornada abordó el tema en el marco de la Agenda 2030 sobre Desarrollo Sostenible. “El Desarrollo Sostenible requiere de una economía inclusiva, baja en emisiones de carbono y eficiente en el uso de los recursos naturales. Eso se logrará si adoptamos políticas que corrijan los actuales desajustes de la economía. Uno de los pilares clave de la economía verde es la gestión de los recursos para hacer este sistema más racional”, señaló el diputado Villalonga en la apertura del evento.

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    La economía circular es una alternativa al modelo lineal de “extraer-fabricar-consumir-tirar” que no es sostenible a largo plazo. Se trata de una filosofía de organización de sistemas inspirada en lo que hacen los seres vivos como ciclo continuo: conserva el capital natural, optimiza el uso de los recursos y minimiza los riesgos. Por eso es necesario apuntar a cambios profundos en los procesos de producción, consumo y organización de la economía que resulten equitativos y sustentables.

    José Dallo, Jefe de la Oficina Subregional para el Cono Sur de ONU Ambiente fue parte del panel en el vento e hizo hincapié en que “los objetivos más transformadores son la producción y el consumo sustentable. Debemos preguntarnos hacia adónde vamos – dijo- y qué futuro queremos. Particularmente qué elementos deseamos potenciar para promover la economía circular en Argentina» 

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    En su presentación   Dallo apuntó que el 60% de los ecosistemas del planeta estarán dañados o serán usados de manera no sustentable para 2030 cuando habrá de 1 a 3 mil millones de consumidores adicionales de clase media que se estima extraerán 140 miles de millones toneladas de recursos naturales, a nivel global, a una tasa de consumo propia de los países desarrollados.

     

    Por su parte, la representante de la Fundación Ellen MacArthur, Ashima Sukhdev, referente en la temática, fue enfática al señalar que ese es el camino que debemos empezar a transitar «Debemos analizar cómo hacer un uso más eficiente de los recursos, para aumentar el proceso de reciclar y reutilizar, evitando así estar permanentemente extrayéndolos de la naturaleza. Fomentamos la economía circular basándonos en tres principios centrales: el diseño de los productos, mantener los materiales siendo utilizados por más tiempo y la regeneración de los recursos naturales”, sostuvo.

    imagen25En el informe Hacia una Economía Circular: motivos económicos para una transición acelerada de la Fundación MacArthur se menciona un modelo que apunte hacia una economía «restaurativa y regenerativa» y presenta allí una estructura que ellos denominan RESOLVE (por sus siglas en ingles)  basada en cuatro conceptos: regenerar, compartir, optimizar y refabricar continuamente. El trabajo señala también que la oportunidad económica del modelo de Economía Circular se apoya en un mayor crecimiento económico, grandes ahorros netos de costes en materiales, la creación de oportunidades de empleo y una más innovación.

    La Jornada finalmente cerró con un taller cerrado sobre Economía Circular para gobiernos locales, dirigido a funcionarios y tomadores de decisión de municipios, comunidades y provincias al que asistieron representantes de todo el país.

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    En 2016 Los Verdes publicaron también un informe titulado «Economía Circular: Cómo mantenerse dentro de los límites ecosistémicos, con equidad y satisfacción de derechos»,  que propone promover la economía circular de y un trabajo en conjunto entre sectores productivos, estados y sociedad, para consensuar plazos y metas precisos.