A desalojar, a desalojar

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Notas urgentes en torno al Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010-2020

por Omar Arach (Consejo Consultivo Los Verdes – FEP)image

Introducción

Recientemente fue presentado por el gobierno nacional el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial Participativo y Federal 2010/2020 (de aquí en más PEA), cuyo lanzamiento había sido anunciado poco más de un año atrás. El plan propone una serie de metas para el sector agropecuario a alcanzar al finalizar el presente decenio. Resulta muy asertivo en las metas (principalmente económicas y productivas), pero no tanto en cómo serían alcanzadas, y mucho menos en cuáles serían sus costos y cómo se distribuirían sus beneficios.

Las primeras estimaciones indican que para alcanzar las metas propuestas sería necesario expandir la superficie cultivada en una extensión que varía de 5 a 20 millones de hectáreas. El Plan no dice de dónde saldrían las tierras para alcanzar ese incremento. Merenson (2011), en un minucioso trabajo de cálculo, estima que “…las hectáreas adicionales que se requiere sembrar para alcanzar una cosecha de 150 millones de toneladas de granos, varía entre el 25% y el 100% de los bosques nativos remanentes en la zona de expansión de la frontera agropecuaria… (…) Dado que estas zonas están habitadas, esta expansión implicaría necesariamente el desalojo de productores, la desorganización de formas productivas existentes y la desaparición de comunidades rurales.

Frente a este panorama resulta de suma importancia realizar una revisión crítica del PEA, para poder actuar políticamente con la mayor eficacia posible. Además de identificar sus consecuencias perniciosas, a fin de prevenirlas o afrontarlas, es importante reconocer la visión que subyace al PEA, cuál es el modelo de ocupación y uso del territorio al que está orientado y en función de qué intereses está siendo impulsado[1].

Los invisibles del campo. Viejos y nuevos sujetos agrarios según el PEA

Lo primero que hay para señalar es que no se trata de un Plan Agroalimentario, sino de una propuesta de incremento de la producción de mercancías agrícolas, especialmente de aquellas destinadas a la exportación. Por cierto, el PEA no se ocupa de cómo se van a alimentar los argentinos, ni de quiénes, y de qué manera, irían a proveer esos alimentos, algo sumamente importante en un país donde todavía hay serias deficiencias en materia alimentaria y donde hay mucho para ganar en conectar a los productores con mercados de proximidad.

El PEA se enfoca sólo a la faz productiva, poniendo un énfasis casi exclusivo en los productores de commodities agrícolas. Se propone aumentar el volumen exportable a 150 millones de toneladas (principalmente de carnes, cereales y oleaginosos), lo que redundaría en un incremento de los ingresos monetarios de USD 39.358 millones a USD 99.710 millones (representaría un 153% de crecimiento). Sin embargo no habla de cómo se distribuiría la ganancia, en un esquema de producción y comercialización concentrado, donde el 60 % de la producción es producida en explotaciones de más de 1000 has (apenas el 10 % de los productores del país)[2] y donde la comercialización está manejada por siete grandes empresas transnacionales[3] (que también manejan el procesamiento) (INTA, 2009). image

Es bueno preguntarse, entonces, cómo se describe al sector agropecuario nacional y cuáles serían los agentes productivos a los que está destinado el PEA. En la sección del PEA sobre Caracterización del Sector Agropecuario se afirma: “El sujeto agrario hasta el año 2000 era el productor rural, que concentraba en sí la propiedad de la tierra, las maquinarias; poseía el capital necesario y era el responsable de la gestión agrícola y empresarial. Hoy, nos encontramos ante un nuevo sujeto agrario: el emprendedor agropecuario, que no necesariamente es el propietario de la tierra sino quien arrienda campos, asume el riesgo agrícola, contrata los servicios necesarios y gestiona su producción, con el objetivo de maximizar la productividad” (:43)

Este “nuevo sujeto agrario” no es el agricultor que está al frente de un campo en donde también vive con su familia, sino un empresario que reside en centros urbanos y procura invertir su capital en las actividades que sean más rentables. Es un tipo especial de agente económico vinculado al sector agroexportador, en donde el capital financiero ha hecho un aceleradísimo ingreso en la última década.

El PEA ensalza su actitud claramente positiva a la incorporación de tecnología, una neta vocación por la productividad, una motivación emprendedora, una capacidad para asumir riesgos y, también, la formación profesional: “En forma creciente, el productor posee formación profesional en el área, incluso de posgrado. Por otra parte, este conocimiento no queda limitado al específicamente agropecuario, sino que se expande al management empresario o los aspectos organizacionales de la gestión” (:44)

Es significativo que el PEA se aboque a describir las virtudes de esta clase de empresario, y que no dedique una sola línea a hablar de los productores que son mayoría en el país: aquellos que residen en el campo y emplean mano de obra familiar, o dicho de otro modo, familias que viven en medios rurales y se dedican a las labores agropecuarias. Se trata de agentes productivos con una lógica y una realidad completamente diferente a la de este “productor competitivo” que el PEA toma como referencia. Están diseminados por toda la geografía nacional, son los responsables de que haya vida rural en el país, y protagonizan los estilos culturales característicos de las diferentes regiones de la Argentina.

Veamos cómo se los define en un documento del Foro Nacional de Agricultura Familiar (FNAF):

En nuestro concepto, la agricultura familiar es una “forma de vida” y “una cuestión cultural”, que tiene como principal objetivo la “reproducción social de la familia en condiciones dignas”, donde la gestión de la unidad productiva y las inversiones en ella realizadas es hecha por individuos que mantienen entre sí lazos de familia, la mayor parte del trabajo es aportada por los miembros de la familia, la propiedad de los medios de producción (aunque no siempre de la tierra) pertenece a la familia, y es en su interior que se realiza la transmisión de valores, prácticas y experiencias. Incluimos en esta definición genérica y heterogénea distintos conceptos que se han usado o se usan en diferentes momentos, como son: Pequeño Productor, Minifundista, Campesino, Chacarero, Colono, Productor familiar, y en nuestro caso también los campesinos sin tierra, los trabajadores rurales y las comunidades de pueblos originarios”. (FNAF, 2006)image

A pesar de que el PEA los propone como representantes del milenio pasado, retrotrayéndolos para antes del año 2000, este tipo de productor es cuantitativamente mayoritario en la Argentina actual, alcanzando el 65 % del total de explotaciones del país[4]. Aunque ocupan sólo el 13 % de la tierra disponible, lo que muestra el grado de concentración de nuestra estructura agraria, los pequeños productores aportan el 53% del total del empleo utilizado en el sector agropecuario a nivel nacional (equivalente a 428.157 puestos de trabajo) (Obschatko, 2006).

Este tipo de productores es mayoritario y predominante en las provincias extra-pampeanas. Pero aún en las pampeanas son numerosos. Por cierto, del total de pequeños productores del país, la mayor cantidad, en términos absolutos, se ubican en la región pampeana. Dentro de estas categorías se ubican personas y grupos con procedencias y pertenencias muy disímiles, que nos hablan de distintos momentos históricos en el poblamiento del territorio nacional. Desde comunidades originarias de antigua tradición agrícola como las del NOA a las colonias de inmigrantes europeos que se asentaron en la mesopotamia, pasando por los pastores trashumantes de la Patagonia a los criollos ganaderos del gran chaco, hay una vasta constelación de esquemas productivos y estilos culturales que expresan también diferentes modos de adecuación al entorno ambiental construidas a lo largo del tiempo.

Generalmente este tipo de productores trabaja en medio de serias deficiencias en lo que hace a disponibilidad de factores de producción y padeciendo, habitualmente, políticas agropecuarias completamente desfavorales[5]. Gran parte de su producción se realiza en circuitos de proximidad y no suele quedar registrada en ningún asiento contable, de manera que el volumen de su producción generalmente está subestimada. Aún así, las estadísticas indican que estos productores aportan al total de la producción del país el 13% de las legumbres, el 36% de las hortalizas, el 42% de las aromáticas, el 19% de los frutales, el 26% de las oleaginosas, el 18% de los bovinos, el 42% de los porcinos y el 49% de los caprinos, entre los principales (FNAF). Si pensamos que, además, son numéricamente predominantes en la mayoría de estos rubros[6], podremos deducir el alto coeficiente distributivo que posee la producción agropecuaria cuando descansa en esta forma de producción.

Este sector ha sido históricamente ignorado por las políticas oficiales, las cuales han estado dictadas, mayoritariamente, por políticos, técnicos y empresarios ligados a las grandes corporaciones que dominan los agronegocios[7]. Sin embargo recientemente ha comenzado una revalorización de este tipo de forma de producción, no sólo por lo que implica en lo específicamente productivo, sino también en las resultantes territoriales de la misma. Ciertamente, aquellas áreas en las que sigue habiendo vida rural, algo muy importante en un país (y un mundo) con severos desequilibrios en la distribución demográfica, son aquellas donde hay predominio de agricultura basada en el trabajo familiar, preferentemente campesino. image

Es por eso que un plan agroalimentario necesariamente debería considerar un rol protagónico de este segmento. Sin embargo, como vimos, ni siquiera son mencionados en la caracterización del sector agropecuario. Peor aún, como veremos a continuación, el PEA propone una profundización del esquema productivo imperante, el cual ha sido profundamente negativo para este sector. Por cierto, tal cual está presentado, el PEA puede constituir una muy seria amenaza para la pervivencia y reproducción de la Agricultura Familiar en el país.

Elogio de la sojización. Balance de una década

El PEA parte de una evaluación absolutamente sesgada, o más bien interesada, de las transformaciones que experimentó el Sector Agropecuario en las últimas décadas. Se centra exclusivamente en la mejora de las condiciones de aquellos que lograron una buena inserción en el sector agroexportador y lograron buenos niveles de acumulación de capital, para los cuales ese “nuevo sujeto agrario” arriba presentado, constituye un ejemplo a seguir. En la visión de la última década se destaca fundamentalmente el incremento en los rendimientos productivos, en los volúmenes exportables y en el dinero obtenido, pero no considera los costos y las consecuencias de estas actividades.

El PEA destaca un aumento de un 41 % de la producción granaria (La producción granaria alcanzó en la campaña 2009/10 el umbral de las 100 millones de toneladas, desde niveles de 70,8 millones de toneladas en la campaña 2002/03). Así mismo se resalta la incorporación de casi seis millones de hectáreas como superficie sembrada (pasó de 27,4 millones de ha. En 2002 a 33 millones en 2010). Por otro lado se resalta, como indicador de este gran salto productivo, la masiva incorporación de tecnologías, el ingreso de profesionales a la actividad y el incremento en cinco veces de la cantidad de fertilizantes utilizados.

Al mismo tiempo es muy elogioso de nuevas formas de organización de la producción como los pooles de siembra. Sin abundar en pruebas que lo avalen, el PEA afirma que esta nueva forma de organización productiva: “i) desdibuja las fronteras entre “lo primario”,industria y servicios; ii) amplía el conjunto de agentes económicos involucrados en la producción; iii) rebalancea el poder en los procesos de generación y captación de rentas; iv) redistribuye el riesgo; v) aumenta la vinculación de la actividad con el resto de la economía” (:43).

Esta forma organizativa, cuyo productor es el emblema del “nuevo sujeto agrario” del siglo XXI, sería también responsable deimage extender la bonanza a otras regiones de la argentina aún no acariciadas por el toque de Midas de la agroexportación: “… el productor competitivo ha sido el responsable del crecimiento de la agricultura en regiones extrapampeanas, generando riqueza y valor local e incluso traspasando las fronteras hasta convertirse en generador de Pequeñas y Medianas Empresas (PyMES) transnacionales” (:45).

Es necesario señalar que la expansión de estas nuevas formas de gestión de la empresa agrícola, ha tenido efectos muy diferentes en los distintos espacios agrarios de la argentina, aunque difícilmente alcance a engendrar algo tan extraño como una pequeña empresa transnacional. En la región pampeana ha implicado “un vasto movimiento de arrendamientos de pequeñas y medianas propiedades, sin capital de trabajo y muy endeudadas, que abandonaron su condición campesina para transformarse en minirentistas, como paso previo a su salida del sector” (Sluzky, 2008 5). En las zonas extrapampeanas esta forma ha tenido, y tiene, efectos desorganizadores, por no decir devastadores, sobre los ambientes, las formas de producción y las economias locales. En suma, este proceso, llamado sojización, agriculturización, pampeanización ha tenido muy serias consecuencias territoriales.

Merenson describe muy bien la dimensión ambiental de este proceso:

“En los últimos años, de la mano de la monocultura sojera, la frontera agropecuaria avanzó fundamentalmente en dos regiones: en el NEA, donde el área sembrada aumentó, entre las campañas 1997/98 y 2004/05, en un 417%, y el NOA donde para similar periodo, el aumento fue de un 220%.

Dos regiones que albergan al Parque Chaqueño y las Yungas, que según datos del Primer Inventario Nacional de Bosques Nativos, basado en imágenes Landsat 5 TM (años 1998/1999) y Spot (año 1995) contenían unas 25 millones de hectáreas de tierras forestales, el 80% de los bosques nativos remanentes de nuestro país. Obviamente, esas tierras fueron sometidas a intensos procesos de deforestación durante la década del año 2000, tal como surge del trabajo realizado por la Dirección de Bosques de la SAyDS: “Pérdida de Bosque Nativo en el Norte de Argentina”. El área de estudio abarcó aquellas zonas que habían sido afectadas fuertemente por el proceso de deforestación localizadas en las provincias de Chaco, Santiago del Estero, Salta y una pequeña porción de Jujuy, la evaluación definió que el área deforestada entre 1998 y 2008 alcanzó 1.700.000 ha, parte de ella se concretó incluso durante el periodo de prohibición de desmontes establecido por la ley nacional 26.331 de presupuestos mínimos de protección ambiental de los bosques nativos”.

El avance de la frontera agropecuaria es también, en este caso, el corrimiento de la frontera agroempresarial sobre áreas campesinas, de pueblos originarios, de agricultura familiar. Esto implica la colisión entre dos territorialidades (dos formas de ocupación y uso del espacio) antagónicas, con lo cual ha aumentado notoriamente la violencia y la conflictividad en la zona de expansión. Slutzky (2008), en un informe para la entonces Secretaría de Agricultura señala

“Estos conflictos entre ocupantes tradicionales que desarrollan una producción para su subsistencia –parte para el autoconsumo y parte para su venta al mercado-, y empresas agrarias en expansión que demandan la desocupación de las mismas, se multiplican justamente en las áreas señaladas de expansión sojera de Salta, Chaco y Santiago del Estero, alcanzando inusitados niveles de violencia” (Slutzky, op.cit.: 31)

Ha habido conflictos con productores por la posesión de la tierra (con un gran número de desalojos), por el desmonte y por las fumigaciones. En Santiago del Estero, Córdoba, Chaco, Salta, Jujuy, Formosa se han producido reacciones y movilizaciones de la población del lugar, la cual en muchos casos ha sido reprimida y criminalizada (Aranda, 2012). También ha habido movimientos de afectadas por agroquímicos, con algunos casos emblemáticos que han tomado estado público, como es el caso de Loma Sené (Formosa), Ituzaingó (Córdoba), La Leonesa (Chaco). En toda la región de avance de esta frontera han empezado a emerger acciones colectivas, como el movimiento Paren de Fumigar o la organización Médicos de Pueblos Fumigados, una red de profesionales de la salud movilizada por los problemas de salud generados por los agrotóxicos.image

El informe de Slutzky también registra especialmente los efectos de este proceso sobre comunidades indígenas:

“El proceso de expansión de la frontera agrícola que se ha sintetizado anteriormente y los consiguientes desmontes están haciendo peligrar la sobrevivencia de muchas de estas comunidades en las regiones del NOA y NEA. El desmonte y los alambrados están afectando las formas tradicionales de subsistencia indígena basada en la recolección de frutos del monte, la caza, la extracción de miel, la utilización de la vaina del algarrobo en la alimentación, el acceso al agua, al chaguar (fibra textil) y a las escasas especies de madera utilizadas en la artesanía, la producción de carbón, etcétera. Estas actividades tienen una importancia estratégica para la subsistencia de estas comunidades, en un contexto en que la obtención de ingresos monetarios mediante trabajo asalariado se ha reducido a su mínima expresión. La mecanización de la producción -cosecha de porotos, caña de azúcar, algodón-ha prácticamente eliminado esta fuente de ingresos. Por otro lado, la irrupción de la soja con su alto grado de mecanización opera en el mismo sentido”(:33)

A diferencia de lo que sostiene el PEA, todo este proceso ha tenido un marcado efecto concentrador en el sector agropecuario nacional, con un acentuado descenso del número de explotaciones agropecuarias y un aumento de la superficie promedio de las mismas. En el último período intercensal[8] se registró la desaparición de 90 mil explotaciones agropecuarias en el pais, el 77 % de las cuales eran explotaciones menores a las 100 has. Coherentemente, la superficie promedio de las explotaciones agropecuarias pasó de 470 a 587 has., indicando con ello la tendencia a la concentración ocurrida.

Resultado de este proceso es que han aparecido fenómenos interrelacionados de desalojo, desempleo, crecimiento de cordones de pobreza, y surgimiento de una numerosa legión de “banquineros”: campesinos despojados que se asientan en las estrechas franjas de tierra fiscal existentes en las orillas de las rutas.

Como señala Slutzky (op.cit.):

“La incorporación de amplias zonas de monte a la producción extensiva pampeana -principalmente soja-, implicó la erradicación total del mismo y la expulsión de pobladores criollos e indígenas que allí sobrevivían; la explotación extensiva totalmente mecanizada que penetra en estas regiones no requiere mayormente de mano de obra y sí en cambio de amplias áreas en donde la maquinaria pueda transitar sin obstáculos” (:41)

Este fenómeno de pauperización de amplias capas rurales del país está también asociado a nuevas formas de explotación de la fuerza de trabajo por parte de agroempresarios, las cuales en muchos casos rozan la servidumbre. Recientemente causó conmoción la difusión por medios masivos de comunicación de escenas que mostraban a trabajadores rurales de grandes empresas agropecuarias viviendo y trabajando en condiciones indignas, por no decir inhumanas. Estas formas no son una rareza, sino una cara inocultable del campo argentino (Hocsman, 2011).

Estos hechos no desmienten, a priori, los números presentados por el PEA, pero inducen a mirarlos bajo otra luz, puesto que también son efectos de la expansión e intensificación del capital en las actividades agropecuarias, algo que se elogia especialmente en el documento[9]. La prosperidad que el PEA exalta es simplemente una de las caras del modelo de desarrollo agropecuario hegemónico. La otra cara es la que vimos: deforestación, contaminación, pauperización, expulsión de población, despoblamiento rural. Dado que el PEA no toma en cuenta estos costos, es difícil pensar que pueda revertirlos, sobre todo pensando que se propone una profundización de lo existente.

El hambre y las ganas de vender

Llegados a este punto, es importante realizar una mirada a la forma en que en el PEA se está entendiendo el abastecimiento alimentario de la sociedad. Coherente con una visión mercantilizada del asunto, el PEA entiende a los alimentos como mercancías y no como, valga la redundancia, alimentos[10]. En la visión se estima que en la próxima década aumentará el precio de los alimentos y por lo tanto habrá una muy buena oportunidad para obtener mayores ganancias. Sin embargo no se razona sobre las consecuencias del alza del precio de los alimentos en la población.

Podemos imaginar estas consecuencias pensando en la proporción que ocupa el gasto de alimentos dentro del gasto total de un hogar. Para un parte importante de las familias de nuestro país este gasto significa la mitad de sus ingresos, por lo que podemos imaginar lo problemático que resulta este pronóstico para ellas.

Podría argumentarse que el PEA se orienta por precios internacionales, pero es bueno recordar que “… cuando los precios de los commodities suben, tienden a impactar rápidamente los precios internos a nivel de los consumidores finales en magnitudes similares…” (FAO, 2009:2). Es decir, lo que el PEA celebra como una oportunidad, en realidad es una gran amenaza para los hogares de la mayoría de los habitantes de este país (y de cualquier país).

Un informe de la FAO (organización que no puede ser sospechada de combatir a los agronegocios) hace una descripción precisa de lo que implicó el alza de los precios para los sectores más pobres de América Latina en los últimos años, lo que cual podría darnos una referencia para considerar desde otro lado las triunfales proyecciones del PEA

“ a raíz del alza de los precios de los alimentos, la situación de la inseguridad alimentaria se agravó: el número de personas subnutridas en los países en desarrollo se incrementan en 75 millones entre 2003/05 y 2007, existiendo en Amércia Latina y el Caribe un incremento de 6 millones de personas. Finalmente, durante 2008, FAO calcula que ya se han sumado alrededor de 40 millones más de personas a la poblacióimage n que padece hambre en el mundo, totalizando 963 millones de personas. Aunque no existen aún estimaciones para el 2008 para América Latina y el Caribe, se esperaría un aumento en el número de personas subnutridas debido a los efectos de la crisis financiera y desaceleración de la economía mundial: menor acceso a los alimentos y otros bienes básicos por aumento del desempleo y menores ingresos de remesas a los hogares pobres. En resumen, en América Latina y el Caribe, el efecto del alza de los precios de los alimentos habría significado que los avances logrados en los últimos 15 años prácticamente se perdieron entre el 2006 y 2008, casi retrocediendo a los 52 millones de 1990” (FAO,op.cit.:. 2).

Siendo que el alza de los precios de los alimentos implica un problema social (y de derechos) muy grave es importante observar cómo analiza el PEA las razones del alza y qué se propone hacer ante a ello.

El PEA identifica tres causas principales del aumento del precio de los alimentos: un creciente ingreso de población al sistema agroalimentario global[11], la escasez de tierras y de agua disponibles para la producción (dentro del sistema agroalimentario global)[12] y la utilización de una parte importante de la producción de cereales y oleaginosos para la elaboración de combustibles.

Ciertamente, el panorama que se presenta es por demás preocupante. Se trata, lisa y llanamente, de escasez. Y el sentido común indica que habría que orientar los esfuerzos para afrontar las causas que la generan. Por lo tanto no deja de sorprender la propuesta de profundizar la escasez destinando una parte de la producción alimentaria a la generación de combustibles[13].

De este modo, el PEA proyecta que para fines de la década el 14% de la producción de cereales secundarios y trigo, y el 16% de los aceites vegetales se destinarán a biocombustibles en comparación con el 10 y el 9% del promedio en las campañas 2007-2009 (71). Por lo que calcula el aumento de las exportaciones de biocombustibles derivados de la soja de USD 1.277 millones a USD 5.320 millones, representando esto un incremento del 317%.(PEA115).

Hay que decir, por lo demás, que esta proyección futura que realiza el PEA no hace más que ratificar un rumbo decidido desde hace bastante tiempo atrás (en forma inconsulta). Este camino está bien relatado en una publicación afín a los agronegocios :

“En 2006 se aprobó la ley 26.093 de biodiesel en la Argentina. Su objetivo fue el desarrollo del mercado local de biocombustibles. Cuatro años más tarde, en febrero de 2010, se elevó el corte al 7%, a fin de incrementar el volumen de reemplazo de gasoil. Nuestro país tiene una cosecha anual de granos de más de 100 millones de toneladas y más de un millón de hectáreas de bosques implantados, lo que significa un gran potencial bioenergético. Además, posee la industria de biodiesel más moderna del mundo”. http://agro.infoclima.com/?p=1901

Hay sin embargo algunas posibilidades que generan incertidumbre sobre este escenario tan promisorio para los buenos negocios. El PEA señala dos de ellas: la variabilidad climática, a causa del calentamiento global, y el incremento de los precios del petróleo, así como su progresiva escasez en un plazo mediato. No son dos temas menores, y sugieren image escenarios muy complicados frente a los que el PEA no propone un “plan B”, tal vez porque implicaría pensar en otras formas productivas (pequeñas, locales, diversificadas, agroecológicas) menos dependientes del petróleo y mas “resilientes” ante las contingencias de un clima cada vez menos previsible.

Por el contrario algunas de las medidas que podrían ir en la dirección de contrarrestar (aunque sea tímidamente) problemas como el calentamiento climático, la pérdida de agrodiversidad, la erosión del suelo o la contaminación del agua, son consideradas como amenazas. Pero no amenazas a la seguridad alimentaria de la población sino a la rentabilidad de los que participan del negocio. Dice el PEA:

Otras amenazas provienen del establecimiento de reglas que bajo el “paraguas” del cuidado ambiental, el bienestar animal o la trazabilidad de las huellas de carbono y de agua , busquen inhibir las ventajas comparativas dinámicas de países productores eficientes como el nuestro” (PEA:71).

En síntesis, el PEA no se preocupa por los alimentos sino por los precios de los mismos, y está enfocado fundamentalmente a aumentar la rentabilidad del sector vinculado a la agroexportación.

Agrogarquía, Tecnópolis y las resistencias que vendrán

Según señala el documento, el PEA

“…está orientado al crecimiento sustentable de la producción agroalimentaria y agroindustrial con el fin de generar una mayor riqueza con valor agregado, en particular en origen, que beneficie con desarrollo, justicia social, equidad territorial, arraigo y seguridad alimentaria nutricional a todo el pueblo de la Nación Argentina” (PEA: 37).

Sin embargo, más allá de esta declaración de deseos, el documento no permite vislumbrar de qué modo los objetivos de producción comprometidos en el PEA podrían satisfacer requerimientos tales como justicia social, equidad territorial, arraigo, y seguridad alimentaria nutricional. Lo único que está expresado con claridad son las metas a nivel de peso, volumen, dinero, de la producción agroalimentaria y agroindustrial, preferentemente para exportación..

Es decir, la idea de riqueza se reduce exclusivamente al dinero y se da por descontado que esa riqueza así entendida (que no es otra cosa que la apropiación de una parte de la plusvalía global) tendrá beneficios automáticos sobre la equidad territorial, la justicia social, el arraigo y la seguridad alimentaria. Una secuencia asociativa que hace largo tiempo ha sido puesta en cuestión por los hechos.

Reducción del proceso alimentario a su faz de producción, reducción del proceso de producción de alimentos al de producción de mercancías, reducción del proceso de producción de mercancías a aquellas destinadas a la exportación. El PEA descansa en una visión estrecha y economicista del desarrollo, en la que se presupone una conexión automática entre crecimiento económico y bienestar general, la cual ha sido muy funcional a la acumulación en la medida que omite referir a la distribución de los dividendos y a los costos ocultos de la rentabilidad.

El PEA fue lanzado en Tecnópolis, la muestra que expresa una visión del futuro que pretende reflotar el viejo anhelo de la “Argentina Potencia”. La consigna del plan es “Argentina LIDER Agroalimentario”, que redefine la consigna que predominó en el primer centenario: “Argentina Granero del Mundo”. Presentado en el marco de los festejos por el Bicentenario, el PEA apela a la potencia simbólica del momento para proponer que estamos asistiendo a una refundación de la Argentina, centrada fundamentalmente, en el gran salto tecnológico que estaríamos protagonizando, lo cual nos permitiría alcanzar, por fin, el desarrollo.

Vale aquí, entonces, la vieja pregunta sobre qué tecnología para qué desarrollo. Ciertamente, la tecnología no está desligada de las formas de producción a las que se aplica y el desarrollo de las fuerzas productivas no es independieimage nte de las relaciones de producciones en donde se realiza. El paquete tecnológico que se necesitaría para alcanzar las metas del PEA y que resulta tan redituable para el “nuevo sujeto agrario” (transgénicos, insumos químicos, banderilleros satelitales, grandes cosechadoras, aviones fumigadores, etc), resulta inaccesible, y fundamentalmente inapropiada, para esos otros productores que el PEA no quiere mirar.

Es una verdadera pena, ya que algunos de los problemas que nos aquejan como sociedad, y que plantean serios desafíos a futuro (concentración urbana, polarización social, exclusión, contaminación, déficit energético, entre otros) podrían ser mucho mejor enfrentados con una política agroalimentaria que diera un rol protagónico a estas otras formas de producción. No es de extrañar, afortunadamente, que algunas de las organizaciones más representativas de este segmento, estén planteando serios cuestionamientos a este plan:

“Plantear que debemos redoblar las exportaciones de alimentos en el marco del modelo actual genera claras contradicciones con las aspiraciones de un desarrollo industrial armónico con justicia social y con las políticas de derechos humanos .Además esto va en dirección a consolidarnos como productores de materias primas en el marco de un saqueo transnacional que nada tiene que envidiarle a antiguos esquemas coloniales. Aumentar a 160 millones de toneladas de granos (forrajeros y no alimentarios) la producción anual (tal como anunció el ministro) es sumar otras 10 millones de hectáreas a las 20 millones que se cultivan de soja transgénica, además de los otros cultivos. Y no tiene otra forma de hacerse que a partir de los desalojos de las familias campesinas que producen de manera sustentable en el bosque, a partir de eliminar la biodiversidad de ecosistemas frágiles y en franco deterioro como el Parque Chaqueño. Presionando al éxodo rural que continuará sobredimensionando las ciudades” (Movimiento Nacional Campesino e Indígena, Comunicado de prensa: http://www.mnci.org.ar/)

Para finalizar, es bueno recordar, con Borón (2011), que un modelo no es una sumatoria de políticas públicas sino una forma particular de articulación entre acumulación capitalista, dominación política y organización social. El actual modelo fue engendrado durante la última dictadura y consolidado en los ’90, en el transcurso de un reordenamiento del capital a escala global:

“…desde mediados de los setenta el eje central de la acumulación capitalista se desplazó hacia los sectores más concentrados (y extranjerizados) de la economía, entre los cuales sobresalen el petróleo, el gas, la gran minería, el sector financiero y el agroexportador (principalmente el complejo sojero), todos los cuales fueron (y siguen siendo) beneficiados por incentivos, subsidios, exenciones impositivas y facilidades de todo tipo que explican las fenomenales tasas de ganancia que exhiben estos sectores…”

Dentro de este modelo, se pueden identificar dos grandes líneas de conflicto que tensionan al sector agropecuario nacional. Una está centrada en la distribución de las ganancias de la actividad agropecuaria, más específicamente de las renta de exportación. Este conflicto es el que tuvo en vilo a la ciudadanía del país en los últimos años a partir del enfrentamiento entre el gobierno y el “campo”.

Pero hay una línea de confrontación más profunda, y mucho más importante que supone un modo completamente diferente de organizar la producción agropecuaria, apostando a otras formas de producción vinculadas de manera distinta a los consumidores. Lejos de profundizar la sujeción a los dictados del agrobusiness, un verdadero cambio de modelo implicaría una progresiva desconexión del mercado internacional, que acorte las distancias (espacial y temporal) entre la producción y el consumo y fortalezca la vinculación entre los pequeños productores agropecuarios y los consumidores de alimentos del país. Un verdadero plan agroalimentario debería tener como meta primera el derecho de todos los habitantes a una alimentación sana y segura, como soporte principal la incorporación de los pequeños productores y como finalidad la soberanía alimentaria en las distintas regiones del país.

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Referencias

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Merenson, Carlos. 2011. “Agricultura Sostenible o Síndrome ‘Pampúmedo’”, en Los Verdes blogspot: http://losverdes.org.ar/blog/?tag=merenson (consulado el miércoles 12 de octubre)

Obschatko, E (et. al). 2006. LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES EN LA REPUBLICA ARGENTINA. IMPORTANCIA EN LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y EN EL EMPLEO EN BASE AL CENSO NACIONAL AGROPECUARIO. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Buenos Aires.

PEA. 2011. PLAN ESTRATEGICO AGROALIMENTARIO Y AGROINDUSTRIAL PARTICIPATIVO Y FEDERAL 2010-2020. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. (disponible en ……)

Slutzky, Daniel. 2008. SITUACIONES PROBLEMATICAS DE TENENCIA DE LA TIERRA. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Proinder Serie de Estudios e Investigación Nª 14.


[1] ¿Hacia qué tipo de agente productivo está dirigido el PEA y hasta dónde refleja la heterogénea composición del sector agropecuario? ¿ Qué formas de producción se beneficiarían y qué lugar ocupan el PEA los habitantes de las zonas amenazadas? ¿Cómo se interpretan las transformaciones recientes acaecidas en el sector agropecuario y qué tendencias de desarrollo se pretende reforzar?

[2] “Aproximadamente el 60% del área implantada con cereales y oleaginosas se concentra en el 12.2% de las Explotaciones Agropecuarias (EAPs) mayores de 1000 ha, mientras que el 40% restante proviene del 87.8% de las explotaciones (Slutzky, 13).

[3] Cargill, Noble, ADM, Nidera, Bunge, Dreyfus, Topfer manejan el 90 % de la exportación y la industrialización del grano de soja.

[4] 218.868 EAPs sobre 320.000 según el último censo agropecuario

[5] Así mismo hay que destacar que tampoco son adecuadamente registrados en los censos nacionales agropecuarios, ya que estos están mejor preparados para relevar a empresas agrícolas pero no a familias o comunidades productoras. De modo que también hay una invisiblidad estadística del sector. Los datos que se presentan corresponden al único estudio económico de alcance amplio sobre este segmento que publicó la ex Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca.

[6] Los pequeños productores son mayoría (considerando el número de unidades productivas que cultivan determinado producto) en un gran número de cultivos, destacándose en tabaco, algodón, yerba mate, caña de azúcar y varias hortalizas (con valores entre 70 % y 85% de participación).

[7] Muy especialmente a partir de la década de los ’90 cuando la confluencia de una serie de factores ( entre ellas el reacomodamiento del rol del estado como un siervo de las grandes corporaciones) le dieron a este tipo de empresas un predominio y una influencia que no han hecho más que incrementar desde entonces hasta hoy.

[8] Corresponde al período 1988 a 2002. Lamentablemente no hay datos más recientes. En el año 2008 se pretendió realizar un nuevo censo, pero no fue completado, de modo que los datos son parciales y muy poco fiables.o indi 2008 se Lamentablemente no hay datos mcuario nacional, a diferencia de lo que sostiene el PEA como las de

[9] Por cierto, el gran capital busca modelar el desarrollo tecnológico y las formas productivas en función de su rentabilidad. Así, el desarrollo tecnológico es orientado a independizar los procesos productivos del trabajo humano y de las condiciones que impone la naturaleza a los fines de hacer más previsible el proceso, asegurar el retorno incrementado de la inversión y cargar las costas a terceros. Con ello no hace más que continuar la tendencia general a desarraigar a la producción de las condiciones naturales y sociales en que se desarrolla y a profundizar aún más la brecha metabólica entre los lugares, los procesos productivos y los centros de consumo

[10] Tal vez por eso habla mucho de competencia pero poco de solidaridad.

[11] A causa fundamentalmente de la incorporación de China plenamente en la órbita capitalista y del cambio de vida de millones de personas a partir de los procesos de descampesinización y de concentración en las grandes urbes

[12] Según el plan, a nivel mundial deberían incorporarse 200 millones de hectáreas para satisfacer la demanda de alimentos, pero se estima que para 2030, con suerte se alcanzarían las 70 millones

[13] Esta irracionalidad, sin embargo, es perfectamente lógica desde el punto de vista de la rentabilidad. La economía capitalista es, precisamente, generadora de escasez, ya que es en la demanda excesiva con relación a la oferta en donde se encuentra la posibilidad del lucro.

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